EL FMI SE EQUIVOCA SOBRE LOS BONOS

Firma:Pablo T. Spiller
Catedrático de la Universidad de California, Berkeley y LECG
[ P ]El requerimiento del Fondo de rescatar los bonos provinciales, es música a los oídos de los gobernadores

** Nota **El Fondo Monetario Internacional ha estado enfatizando desde ya hace varios meses la necesidad de eliminar los bonos provinciales. La respuesta de Economía ha sido el desarrollo de un plan de "rescateö en el término de un año. Ambos están equivocados. Los bonos provinciales ya en existencia, unos 5.000 millones de pesos, no son de por sí un problema. Su rescate, sin embargo, sí lo es. Ello implica que la Nación se hará cargo de los déficit provinciales generados en los dos últimos años. Lo cual, dada la recesión, la incapacidad de conseguir dinero a costos razonables domésticos o internacionales, implica la monetización de los bonos.
La nacionalización, más allá de las implicaciones fiscales para el Estado nacional, otorga incentivos nefastos a las provincias. Si sólo una provincia emite bonos, el costo será para ella. Si emiten varias, el costo será para la Nación. Por ende, y aplicando teoría de juegos superbásica, se llega a que el equilibrio es de que todas las provincias emitan bonos, y que la Nación los rescate eventualmente. Esto sí que es un problema.
Lo que al Fondo le debería
preocupar, más que los 5.000 millones en circulación, es el riesgo real de que las provincias continúen emitiendo bonos forzados, como lo han hecho hasta ahora, en lugar de emprender una reforma real de sus cuentas. Ahí es donde es necesario una buena dosis de economía política. La Argentina es un país federal con un sistema político que les da a los gobernadores provinciales supremacía política. Esta supremacía se basa en el control por parte de los aparatos políticos provinciales de los legisladores nacionales en ambas cámaras.
El requerimiento del Fondo de rescatar los bonos provinciales es música a los oídos de los gobernadores. Lo que no quieren oír es que los bonos provinciales sean responsabilidad de las provincias. Tampoco quieren oír que se les impongan restricciones a la emisión de bonos. Sin una limitación constitucional sobre la emisión de bonos provinciales, el Congreso, dominado y controlado por las provincias, siempre tendrá incentivos para convalidar un mal manejo de la cosa pública provincial. Esta convalidación ha sido entendida desde el primer momento por el mercado. De otra manera, es imposible entender cómo los bonos provinciales forzosos se cotizan esencialmente a la par, mientras que tanto los bonos nacionales como los provinciales normales se cotizan a un descuento del 80%.
La prohibición constitucional de emisión de bonos provinciales, aún si se lograse pasar por sobre la voluntad de los gobernadores, no es, sin embargo, una panacea. En efecto, en los EE.UU. varios estados tienen limitaciones constitucionales tanto sobre presupuestos balanceados como sobre emisión de bonos. Límites en el endeudamiento estadual pueden generar serios riesgos al costo de la deuda provincial a futuro. Más aún, en los Estados Unidos los límites han aumentado la falta de transparencia en el ámbito de los gobiernos estaduales, promoviendo la creación de subterfugios fiscales, como ser instrumentos que generan obligaciones pero que no se consideran como deuda; o creación de agencias semiautónomas con capacidad de endeudamiento pero que no se las consideran sujetas a las restricciones de endeudamiento.
El caso del uso de la capacidad de endeudamiento del Banco de la Ciudad por parte de la Ciudad de Buenos Aires es exactamente un ejemplo de la distorsión y la consecuente falta de transparencia que generan los límites explícitos al endeudamiento provincial. El problema no es la capacidad de endeudarse, sino el descalabro fiscal. Es por ahí donde se necesita ahondar.
La salida para la deuda provincial tiene tres componentes. Primero, la reforma política, enfatizada por el presidente Duhalde, debe ser apurada y diseñada para cortar el cordón umbilical entre los legisladores nacionales y los aparatos políticos provinciales. Segundo, un acuerdo Nación-provincias por un período de transición de al menos tres años, por el que las transferencias del centro a las provincias no dependan necesariamente de las urgencias económicas de las provincias, sino fundamentalmente del nivel de reforma del gasto provincial. Provincias que no bajen sus gastos y no rescaten sus deudas recibirán un menor porcentaje de la coparticipación que aquellas que sí lo hacen.
Finalmente, para poder hacer que este mecanismo funcione, se debe instrumentar el Organismo Fiscal Federal requerido por la reforma constitucional de 1994. Siguiendo, por ejemplo, la propuesta de mi colega Mariano Tommasi, éste sería un ente autónomo, como un Banco Central, pero que se dedicase al diseño e implementación de la política fiscal a nivel federal. Estas tres reformas podrían a limitar los riesgos del descalabro fiscal provincial



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