Artículo
EL FMI SE EQUIVOCA SOBRE LOS BONOS
Firma:Pablo T.
Spiller
Catedrático de la Universidad de California, Berkeley y LECG
[ P
]El requerimiento del Fondo de rescatar los bonos provinciales, es música a los
oídos de los gobernadores
** Nota **El Fondo Monetario Internacional ha
estado enfatizando desde ya hace varios meses la necesidad de eliminar los bonos
provinciales. La respuesta de Economía ha sido el desarrollo de un plan de
"rescateö en el término de un año. Ambos están equivocados. Los bonos
provinciales ya en existencia, unos 5.000 millones de pesos, no son de por sí un
problema. Su rescate, sin embargo, sí lo es. Ello implica que la Nación se hará
cargo de los déficit provinciales generados en los dos últimos años. Lo cual,
dada la recesión, la incapacidad de conseguir dinero a costos razonables
domésticos o internacionales, implica la monetización de los bonos.
La
nacionalización, más allá de las implicaciones fiscales para el Estado nacional,
otorga incentivos nefastos a las provincias. Si sólo una provincia emite bonos,
el costo será para ella. Si emiten varias, el costo será para la Nación. Por
ende, y aplicando teoría de juegos superbásica, se llega a que el equilibrio es
de que todas las provincias emitan bonos, y que la Nación los rescate
eventualmente. Esto sí que es un problema.
Lo que al Fondo le
debería
preocupar, más que los 5.000 millones en circulación, es el riesgo
real de que las provincias continúen emitiendo bonos forzados, como lo han hecho
hasta ahora, en lugar de emprender una reforma real de sus cuentas. Ahí es donde
es necesario una buena dosis de economía política. La Argentina es un país
federal con un sistema político que les da a los gobernadores provinciales
supremacía política. Esta supremacía se basa en el control por parte de los
aparatos políticos provinciales de los legisladores nacionales en ambas
cámaras.
El requerimiento del Fondo de rescatar los bonos provinciales es
música a los oídos de los gobernadores. Lo que no quieren oír es que los bonos
provinciales sean responsabilidad de las provincias. Tampoco quieren oír que se
les impongan restricciones a la emisión de bonos. Sin una limitación
constitucional sobre la emisión de bonos provinciales, el Congreso, dominado y
controlado por las provincias, siempre tendrá incentivos para convalidar un mal
manejo de la cosa pública provincial. Esta convalidación ha sido entendida desde
el primer momento por el mercado. De otra manera, es imposible entender cómo los
bonos provinciales forzosos se cotizan esencialmente a la par, mientras que
tanto los bonos nacionales como los provinciales normales se cotizan a un
descuento del 80%.
La prohibición constitucional de emisión de bonos
provinciales, aún si se lograse pasar por sobre la voluntad de los gobernadores,
no es, sin embargo, una panacea. En efecto, en los EE.UU. varios estados tienen
limitaciones constitucionales tanto sobre presupuestos balanceados como sobre
emisión de bonos. Límites en el endeudamiento estadual pueden generar serios
riesgos al costo de la deuda provincial a futuro. Más aún, en los Estados Unidos
los límites han aumentado la falta de transparencia en el ámbito de los
gobiernos estaduales, promoviendo la creación de subterfugios fiscales, como ser
instrumentos que generan obligaciones pero que no se consideran como deuda; o
creación de agencias semiautónomas con capacidad de endeudamiento pero que no se
las consideran sujetas a las restricciones de endeudamiento.
El caso del uso
de la capacidad de endeudamiento del Banco de la Ciudad por parte de la Ciudad
de Buenos Aires es exactamente un ejemplo de la distorsión y la consecuente
falta de transparencia que generan los límites explícitos al endeudamiento
provincial. El problema no es la capacidad de endeudarse, sino el descalabro
fiscal. Es por ahí donde se necesita ahondar.
La salida para la deuda
provincial tiene tres componentes. Primero, la reforma política, enfatizada por
el presidente Duhalde, debe ser apurada y diseñada para cortar el cordón
umbilical entre los legisladores nacionales y los aparatos políticos
provinciales. Segundo, un acuerdo Nación-provincias por un período de transición
de al menos tres años, por el que las transferencias del centro a las provincias
no dependan necesariamente de las urgencias económicas de las provincias, sino
fundamentalmente del nivel de reforma del gasto provincial. Provincias que no
bajen sus gastos y no rescaten sus deudas recibirán un menor porcentaje de la
coparticipación que aquellas que sí lo hacen.
Finalmente, para poder hacer
que este mecanismo funcione, se debe instrumentar el Organismo Fiscal Federal
requerido por la reforma constitucional de 1994. Siguiendo, por ejemplo, la
propuesta de mi colega Mariano Tommasi, éste sería un ente autónomo, como un
Banco Central, pero que se dedicase al diseño e implementación de la política
fiscal a nivel federal. Estas tres reformas podrían a limitar los riesgos del
descalabro fiscal provincial
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